La Cámara de Senadores aprobó un último Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que actualmente se trata en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, el Proyecto vuelve al Poder Ejecutivo para su promulgación y habrá de generar un decreto reglamentario para su implementación.

Aunque ya fue aprobada por el Senado, lo que dió paso a su tratamiento en  Diputados, se trata de una versión, que ha sido cuestionada por muchos legisladores y que debiera ser el inicio de una discusión más profunda sobre el tema.

En el Senado, la Comisión de Haciendo recibió a numerosas delegaciones que también cuestionaron el Proyecto, en particular por dejar en manos del posterior decreto reglamentario, aspectos muy relevantes del tema que la Ley no menciona ni advierte, dando lugar a que la reglamentación de la Ley tampoco los incorpore como son:

• el de los riesgos de la competencia a través de múltiples plataformas, ya que ese marco aumenta la oferta y las promociones para captar apostadores y eso genera ludopatía y potencia sus efectos en la sociedad.
• los riesgos de que las plataformas de juego online sean utilizadas para el lavado de dinero.

La experiencia internacional y los estudios científicos serios, muestran que un marco de competencia con múltiples plataformas, genera ludopatía. La forma de controlar el juego patológico es mediante una plataforma única con controles del Estado, sumándole herramientas activas de control que promueven el juego responsable.

Una plataforma única, posibilita centralizar el control del juego y evita la evasión fiscal y el lavado de dinero.  

Desde hace 140 años los juegos de azar están prohibidos en Uruguay, salvo excepciones fuertemente controladas y limitadas por el parlamento y los organismos públicos, que en sus inicios tenían que ver incluso con la Salud Pública y que a lo largo de los años, derivaron en las actuales direcciones de Casinos y de Loterías y Quinielas.

El juego es algo natural e inherente al ser humano como mecanismo para evadirse de la realidad y recrearse o recrearla en forma temporal. La experiencia internacional y la historia muestra que si el juego se prohíbe totalmente, aparece el juego clandestino, lo que genera muchos más problemas que permitirlo en un marco de adecuada regulación y fuerte control.

A lo largo de la historia del país se ha mantenido un concepto general respecto al juego: se tolera pero no se promueve, porque promoverlo puede causar daño.

Sí, claro, por eso se plantea actualizar la legislación, ya que en la normativa vigente todos los juegos de azar están prohibidos, salvo las excepciones ya definidas por el parlamento, en las que el Poder Ejecutivo realiza concesiones de explotación, a cambio de las cuales recibe importantes beneficios ya sea bajo la forma de cánon o de impuestos.

El Art. 46 de la Constitución de la República establece que “El Estado combatirá por medio de la Ley y de las convenciones internacionales, los vicios sociales.”

El Art. 1 de la Ley 1.595, establece la prohibición referida.

El Art. 244, de la Ley 19.535, de 2017, reiteró la vigencia del principio de ilegalidad previsto en la Ley 1.595.

Las excepciones previstas en esa Ley, fueron definidas por sucesivas actualizaciones que consideraron la explotación de los diferentes tipos de juego, con definiciones claras de los diferentes protagonistas y el alcance de las responsabilidades de todas las partes, nunca hasta ahora en un formato tan desregulado y abierto como el planteado en este proyecto para el juego online.

Sí, a pesar de que los proveedores de tecnología y los sitios de apuestas y juegos online invierten millones en generar formas de evadir las restricciones, el juego online está limitado en varios países y se pueden desarrollar los sistemas de control y limitación del acceso, en especial para los grupos de la población más vulnerables.

El sistema de bloqueo de direcciones IP o de acceso a determinados sitios, combinado con mecanismos que impiden los medios de pago y transferencias de dinero a este tipo de sitios, son lo más actualizado para combatir el juego ilegal.

Sin embargo, es fundamental contar con una legislación adecuada que defina con claridad esos límites, y con herramientas que promuevan el juego responsable, que hoy están ampliamente difundidas en todo el mundo, y que en Uruguay cuentan con una única institución ya certificada en ellas, que es la Banca de Quinielas.

Sí, definitivamente. En los últimos años La Banca ha traído a Uruguay a conferencistas expertos internacionales. La Banca cuenta también con personas que se han capacitado especialmente en el tema del Juego Responsable y que hoy son referentes internacionales en la materia.

Algunas de estas prácticas ya se encuentran implementadas en los canales online de juego que gestiona La Banca y pueden conocerse en su sitio web.

Aproximadamente es un 2% de la población adulta. Existen ciertas condiciones en los juegos que contribuyen a problematizarlo. A modo de ejemplo, los juegos que tienen el sorteo diferido respecto al momento de la apuesta, son considerados de bajo riesgo para la salud. En el otro extremo, los juegos de resultado instantáneo, fomentan la obsesión por el juego, la ilusión de que “en la próxima jugada voy a ganar”, y esa es la base de la problemática que transforma al juego en un vicio social y que fomenta el juego patológico.

Bien gestionadas la limitación horaria, de frecuencia o de montos de juego, son las otras herramientas que ayudan a combatir este problema. 

Jugar es algo inherente a la condición humana. Desde la antigüedad más remota hay registros de juegos y nuestro país a lo largo de toda su historia no ha sido ajeno a ello, por el contrario, uno de los emblemas de nuestra cultura es el fútbol, en torno al cual hay un juego, un entretenimiento que trasciende a quienes lo practican profesionalmente como deporte, pero también a una escala familiar, los juegos de cartas como el truco o la Escoba del 15 son parte de nuestra cultura.

El juego como entretenimiento significa algo que sucede entre otras cosas. Podríamos decir que es lo que hacemos entre actividades más funcionales y pragmáticas como el trabajo, el estudio o las tareas del hogar. El juego es una actividad que nos permite salir por un tiempo de esa realidad, que muchas veces lamentablemente es dura. El juego es sano porque recrea esas realidad diferente creando ilusión y generando un tiempo de diversión y esparcimiento. Sin embargo, el juego se vuelve patológico cuando no podemos volver a la realidad y creemos que ese espacio de ilusión es la realidad.

El tipo de juego y las condiciones en las que se juega, inciden fuertemente en el potencial patológico de la actividad. Por ejemplo el riesgo aumenta mucho en los juegos que generan un resultado positivo o negativo inmediato, a diferencia de los que ofrecen un resultado diferido en el tiempo.

El otro elemento clave que incide en el incremento de la ludopatía es cuando existe un marco que permite la libre competencia, con bajos niveles de control y con publicidad y promociones disponibles para fomentar la ilusión del apostador de que en su próxima jugada va a ganar y/o recuperar lo perdido.

Existen situaciones y estímulos que aumentan la vulnerabilidad y facilitan e impulsan la transformación del juego sano en un juego patológico. Teniendo en cuenta esto, es que aún las sociedades marcadas por la libertad como principio fundamental, han restringido el juego como en Uruguay, para que no se transforme en un vicio social, cuidando especialmente algunos sectores de la población que son más vulnerables.

El Estado ejerce el monopolio de los juegos de lotería a través del Poder Ejecutivo, quien lo concesionó a 224 Agencias Oficiales de Quinielas en todo el país, para la explotación de este tipo de juegos( a cambio del 76% de los ingresos después de pagar los premios y sin asumir riesgos).

El único monopolio del juego lo tiene el Estado por Ley, quien concesiona la explotación de algunos juegos a operadores privados, que a cambio de ello realizan diferente tipo de contraprestaciones o aportes. En el caso de los “juegos lotéricos”, el Estado dió en concesión su explotación a 224 Agencias de todo el país, quienes se agrupan como colectivo de empresas bajo la denominación de La Banca. No se trata de un único concesionario, sino de 28 Bancas de Quinielas de todo el país, que nuclean a 224 Agencias, cuya actividad genera ingresos para más de 30.000 personas.

El Estado a cambio de esa concesión recibe el 76% de los ingresos generados por estos juegos después del pago de premios, sin asumir ningún riesgo. Es la actividad de juego que genera más ingresos a las arcas del Estado.

Las apuestas online en un marco de competencia, con múltiples plataformas, facilitan la generación de ludópatas y el lavado de dinero, ya que un enfoque comercial, mercantilista del juego, deja de lado los aspectos relacionados a la salud y al bien público. Un marco libre de regulaciones reales de ese tipo, da lugar a la existencia de publicidad, bonos, incentivos  y promociones que agravan el problema de la ludopatía.

En nuestro país el juego está regulado y limitado con estrictas normas, y con prácticas de juego responsable.

La experiencia internacional y todos los estudios científicos serios, demuestran que una plataforma única de juego online, controlada por el Estado, y con herramientas de juego responsable, es la única forma de prevenir la ludopatía y evitar el lavado de dinero.

En primer lugar porque el Proyecto no menciona nada sobre este tema y deja en manos del Decreto Reglamentario la forma como se implementa la Ley. Pero quien redacte la reglamentación debe tener en cuenta lo que la Ley dice para definir los contenidos de la regulación, por lo que el legislador debe ser muy claro estableciendo los puntos que el Decreto reglamentario debe abordar y dar pautas sobre cómo hacerlo.

A lo largo de la historia y en todo el mundo, el juego clandestino, las regulaciones muy permisivas, el marco de competencia y la falta de controles de las autoridades, han sido terreno fértil para que actividades delictivas usen esta actividad para “blanquear” el dinero.

Definitivamente sí! El Proyecto en discusión tampoco menciona nada al respecto. Esa posibilidad debe considerarse ya que el procesamiento de apuestas online en zonas francas, dejaría un vacío legal que contradice el espíritu de las Leyes que regulan el juego, y también las que regulan la actividad de las zonas francas.

Está ampliamente demostrado por estudios llevados a cabo en toda Europa, que son el sector más vulnerable.

A pesar de que se está trabajando en una reforma educativa, ese tipo de cambios llevan tiempo y las evaluaciones disponibles sobre los resultados obtenidos en la educación no son buenos. Por otra parte, el desempleo juvenil está muy por encima del promedio.

Esos dos elementos generan una situación de alta vulnerabilidad, ya que la educación y el trabajo son factores centrales para que los jóvenes ocupen su tiempo en actividades productivas y positivas para la sociedad.

No. Todo lo contrario. pagan los impuestos generales de cualquier actividad e impuestos específicos del juego. Del total apostado, luego de pagar los premios, el Estado se queda con el 76% de los ingresos y sin asumir ningún riesgo.

La actividad de los juegos oficiales, controlados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y operados por las 224 Agencias nucleadas en las Bancas de Quinielas del Uruguay, aportaron en los últimos años, en el entorno de los 80 millones de dólares anuales a los dineros públicos.

Los juegos que operan las Agencias Oficiales de Quinielas están bajo una estricta regulación que garantiza que los juegos sean ofrecidos en un entorno seguro y transparente, y que el principal beneficiario de la actividad sea el propio Estado.

Por el contrario, el juego ilegal no tiene controles y hace muy fácil engañar al apostador y estimularlo a seguir jugando sin pausa, sin que le importe su salud.

Tampoco permite la recaudación de impuestos del Estado, al migrar la oferta a plataformas offshore.

En el caso de las Bancas de Quinielas del Uruguay, se ha incorporado como un marco rector de toda su actividad, la promoción del Juego Responsable, tal como lo define la World Lottery Association (WLA). Esta prestigiosa organización internacional, establece principios a seguir, investiga y promueve el uso de herramientas específicas de juego responsable que los Juegos Oficiales han incorporado.

El Estado recauda en función de lo que se denomina el «win», que es lo que queda  después de pagar los premios. En un escenario de múltiples plataformas online en competencia, la experiencia internacional muestra que las plataformas utilizan como principal herramienta para atraer jugadores, aumentar los premios y otorgar bonos, que disminuyen el «win», por lo que la recaudación del Estado se reducirá.  

Los estudios disponibles muestran una prevalencia del entorno del 2% de la población adulta. Eso representa aproximadamente unas 44.000 personas. Pero se estima que por cada ludópata, no solo se ve afectada esa persona enferma, sino todo su entorno. Son entre 5 y 8 personas que ven afectada su vida familiar, social y económica por cada persona que sufre un trastorno adictivo del juego.

Desde las Bancas de Quinielas del Uruguay promovemos el uso de herramientas de Juego Responsable y el desarrollo de una plataforma única para el juego online. De ese modo estaríamos siendo fieles a la historia del país en la normativa referida al juego, para no solamente cuidar la recaudación del Estado y la actividad de las empresas que invierten y generan empleo en el sector, sino también considerando la salud de la población.